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El informe más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) revela que las Américas continúan enfrentando “serios desafíos en la lucha contra la corrupción”. Una de las razones que explicarían esta situación es “la falta de independencia judicial” que ha provocado un agravamiento de este panorama.
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Dos tercios de los países de la región han obtenido una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el IPC y, según el informe, ese debilitamiento del poder judicial “debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común”.
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A lo largo de la última década, solo Guyana (Puntuación en el IPC: 40) y República Dominicana (35) han mejorado sus calificaciones, mientras que la gran mayoría de los demás países se han estancado o deteriorado significativamente. Canadá (76) y Uruguay (73), con sistemas sólidos de pesos y contrapesos institucionales, lideran la región en integridad. En contraste, Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) registran los puntajes más bajos, caracterizados por una impunidad generalizada y la total falta de independencia judicial.
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Según la investigación reflejada en el Índice de Percepción de la Corrupción, “en América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia en el Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida de élites políticas y económicas”. Esta situación compromete la capacidad de los sistemas judiciales para aplicar la ley de manera eficaz e imparcial, minando así el funcionamiento democrático.
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En países como Brasil (36), México (31) y Honduras (23), la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito socavan la independencia judicial. Esto conduce a la injusticia y a la aplicación selectiva de la ley en función de intereses políticos y de élites, garantizando la impunidad de los corruptos y obstaculizando la recuperación de activos robados.
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“En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha visto en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos”, señalan, y agrega que estos países han experimentado “manipulación” del Poder Judicial en procesos electorales, amenazando la democracia y consolidando dictaduras, como en el caso de Nicaragua.
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La falta de independencia judicial, la corrupción y la impunidad afectan la confianza pública en el sistema judicial. “Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura”, advierten.
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Los más desfavorecidos ante esta situación serían “las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías sexuales y migrantes”, quienes a menudo enfrentan discriminación en la búsqueda de justicia.
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Guyana y República Dominicana son excepciones notables, registrando mejoras significativas en sus puntuaciones en el IPC. La primera ha escalado 11 puestos desde 2015 y la segunda, 7 desde 2020.
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República Dominicana (35) destaca como el único país en la región que ha experimentado avances notables en la lucha contra la corrupción desde 2021. En un corto período, ha logrado fortalecer la autonomía del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, lo que ha permitido avanzar en la investigación de casos de corrupción significativa sin interferencias externas, según el informe.
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En paralelo, el país ha llevado a cabo una profesionalización del Poder Judicial, mejorando la transparencia y promoviendo su modernización digital. Además, la labor de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil ha desempeñado un papel clave al vigilar las acciones judiciales, sensibilizando a la opinión pública sobre los costos de la corrupción y demandando rendición de cuentas.
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En Estados Unidos (69), las cuestionamientos sobre la integridad judicial surgieron debido a las débiles normas éticas de la Corte Suprema. Sin embargo, los poderes judiciales a nivel federal y estatal del país continúan operando de manera efectiva, sin interferencias por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
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Aunque se han presentado intentos de socavar la independencia del Poder Judicial a nivel federal y estatal, en gran medida han fracasado, y los casos contra personas con conexiones políticas siguen su curso sin interferencias sustanciales. Por ejemplo, las investigaciones contra un expresidente de Estados Unidos y el hijo del actual Presidente avanzan a través de procesos judiciales adecuados e independientes.
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En Brasil (36), la independencia del sistema de justicia ha experimentado retrocesos notables durante casi una década. La participación de figuras clave de la Operación Lava Jato, incluyendo al juez y al fiscal principales, en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro ha planteado serias dudas sobre la autonomía del Poder Judicial y la propia investigación.
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Aunque Lava Jato ha cumplido diez años y ha revelado esquemas de corrupción significativos, también ha enfrentado críticas por comprometer su imparcialidad. Tanto Bolsonaro como el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva han evitado procesos para fortalecer la legitimidad e independencia del Poder Judicial al designar a personas de confianza como Fiscal General.
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La polémica decisión de Lula de nombrar a su exabogado como magistrado del Supremo Tribunal Federal genera aún más preocupación. Además, la reciente invalidación de todas las pruebas del acuerdo de clemencia de Odebrecht, el mayor caso de soborno transnacional, y la suspensión de la multa récord impuesta a JBS, la principal empacadora de carne, aseguran la impunidad en numerosos casos de corrupción a gran escala en Brasil y otros países.
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Perú (33) y Ecuador (34) han descendido tres y dos puntos, respectivamente, en comparación con el año anterior.
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En Perú, la creciente injerencia de una coalición mayoritaria del Poder Legislativo en el sistema de justicia es motivo de inquietud. Esto se suma al riesgo de que, en 2024, la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar jueces y fiscales, también quede cooptada. Las demoras en las investigaciones también generan preocupación.
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Ecuador enfrenta una crisis de violencia y pérdida de confianza en las instituciones públicas. En un contexto de opacidad, falta de rendición de cuentas e integridad, los fallos cuestionables de algunos jueces a favor de actores criminales sugieren una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
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Fuente: VOA