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Luego de seis años del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera de Ecuador Colombia, la Corte Constitucional aprobó la desclasificación de la información sobre el asesinato de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega. La decisión del tribunal constitucional fue expuesta la noche de este lunes, 8 de abril de 2024.
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Tres actas del caso que fue denominado «Nos Faltan 3» serán desclasificadas. En dichos archivos consta información de la investigación del secuestro y asesinato de Paúl, Efraín y Javier quienes cumplían sus actividades como fotógrafo, conductor y periodista respectivamente. El equipo fue asesinado en Mataje mientras realizaba una cobertura en esa zona. El hecho sucedió durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno.
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Tras varios años del inicio de la investigación y en medio de la falta de respuestas sobre el hecho, los familiares de las víctimas mediante sus abogados y miembros del colectivo «Nos Faltan 3», presentaron la demanda que ya fue aprobada por la Corte Constitucional.
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El abogado Mauricio Alarcón – Salvador dio detalles de la demanda. En su cuenta de la red social X que junto a Juan Pablo Albán lograron este dictamen favorable. Además explicó en un hilo de X lo siguiente:
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- Consiguieron la desclasificación de las actas del 18 de 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018, y 20 de 17 de abril de 2018, los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del COSEPE en cuanto al asesinato del equipo periodístico.
- El secretario del COSEPE, actual ministra del Interior, inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días, mediante declaración juramentada, debe entregar toda la información a las familias.
- El secretario del COSEPE debe, dentro de los cinco días contados a partir del cumplimiento de la medida dispuesta en el punto anterior, presentar a la Corte el respectivo informe de cumplimiento, con el detalle de la información entregada.
- Finalmente llamar la atención al Ministerio de Defensa Nacional, a la ex Secretaria Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior, por no haber presentado a la Corte la resolución de clasificación de las actas respectivas.
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Fuente: El Telégrafo