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El Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, presentó un recurso de garantía jurisdiccional de acción de protección contra el Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, para exigir la asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con su misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.
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La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
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Así lo revelaron las autoridades del Consejo de la Judicatura, durante un encuentro en el que participaron directores provinciales de la institución, representantes de la Corte Nacional de Justicia y presidentes de las Cortes Provinciales.
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Actualmente, a escala nacional, existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, en Ecuador sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que el país alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.
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El Presidente del Consejo de la Judicatura señaló que estas cifras revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos.
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Señaló que con estas acciones se ha afectado el acceso a la justicia, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica a los usuarios, al trabajo digno de abogados, al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, etc.
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“Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, señaló el doctor Wilman Terán Carrillo, quien aseguró que presentó la demanda contra el Gobierno como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la justicia.
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La acción de protección también fue presentada contra el Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el Procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.