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El gobierno argentino publicó el martes un decreto que dispone que no sean renovados unos 5.000 contratos firmados desde enero en la administración del Estado y la apertura de una etapa de evaluación para definir qué puestos asignados antes de esa fecha serán mantenidos.
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El Poder Ejecutivo estableció estas medidas con el fin de lograr «un mejor funcionamiento de la administración pública”, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial.
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El gobierno había anunciado su decisión de recortar la cantidad de personal público poco después de la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre en el marco del plan para reducir el abultado déficit fiscal para enderezar la economía y atajar la inflación que se espera que trepe a 200 % a fin de año.
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Respecto a la no renovación de las contrataciones, el decreto establece que están exceptuadas aquellas “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, las del personal que haya estado prestando tareas con fecha previa a enero y haya cambiado su modalidad de contratación y aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para su funcionamiento”.
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Para las contrataciones previas al 1 de enero las autoridades de cada área deberán hacer un relevamiento exhaustivo y, en el caso de que decidan renovarlas, «deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
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Al mencionar la medida que abarca a la administración nacional y a organismos descentralizados, el portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que “hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023 que no van a ser renovados y el resto de los contratos entra en un proceso de revisión”.
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Desde que el economista ultraortodoxo llegó a la presidencia el gobierno dispuso, entre otras medidas, una devaluación del peso de más de 50% y el anuncio del despido de empleados públicos, la suspensión de la obra pública y la reducción de los subsidios al transporte y a la energía con el consecuente aumento de las tarifas.
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En paralelo, Milei firmó un decreto que apuesta a desregular de forma radical la economía —fuertemente intervenida por el Estado— que ya ha generado las primeras denuncias en contra en el ámbito de la justicia y puede toparse con obstáculos en el Congreso donde su partido, La Libertad Avanza, tiene una muy acotada representación. Esa norma deberá ser analizada en los próximos días en una comisión bilateral que emitirá un dictamen, el cual pasará a ser debatido por el pleno de ambas cámaras en una fecha que no está determinada.
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Fuente: VOA