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Donald Trump hizo historia nuevamente al convertirse, en esta ocasión, en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado de cargos criminales en la historia del país. Sin embargo, en América Latina llevar ante la Justicia a un ex jefe de Estado no es algo nuevo; ni tan siquiera extraordinario.
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Brasil, donde el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado y guardó prisión hasta la anulación de su condena; Argentina, Colombia, Bolivia y, sobre todo Perú, tienen un largo historial procesando a exgobernantes.
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Trump se enfrenta a señalamientos relacionados con el manejo de fondos de campaña y pagos no declarados para supuestamente tratar de comprar el silencio de una actriz porno con la que aparentemente habría tenido una relación extramarital, todo esto poco antes del fin de la campaña presidencial que le dio la victoria en 2016.
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Los cargos exactos, sobre los que votó un gran jurado de Nueva York en un suceso sin precedentes en EEUU, se darán a conocer este martes, meses después de que el expresidente anunciara que buscará la reelección en 2024.
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En América Latina la mayoría de los escándalos que involucran a presidentes tienen que ver con corrupción, administración fraudulenta y abuso de poder.
Brasil
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El actual presidente brasileño, Lula da Silva, que el 1 de enero pasado asumió por tercera vez el cargo, fue acusado en dos procesos diferentes de aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos con el gobierno.
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Lula fue acusado de recibir pagos del contratista OAS en forma de reserva y renovación de un departamento en São Paulo, por lo que fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro.
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La condena fue modificada dos veces más, hasta quedar en ocho años y 10 meses, de los que Lula cumplió 580 días, luego de que la decisión fuera anulada por el Tribunal Supremo en 2019.
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El segundo proceso, por el que fue condenado a más de 17 años, incluyó sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de remodelaciones en una casa en São Paulo, en 2010. Este también fue anulado por la Corte Suprema, que determinó que Moro actuó de manera parcial.
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El veterano político y exdirigente sindical siempre defendió su inocencia diciendo que los cargos respondían a motivaciones políticas.
Argentina
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La actual vicepresidenta argentina -y expresidenta -entre 2007 y 2015-, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada de fraude en un polémico proceso que, según ha asegurado la abogada de profesión, busca sacarla de la arena política a través del lawfare o guerra jurídica.
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En diciembre pasado un tribunal penal argentino condenó a la influyente política a seis años de prisión y decretó la inhabilitación perpetua de Fernández para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de favorecer a empresarios privados en la adjudicación de obras públicas.
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La vicepresidenta fue absuelta sin embargo, de los cargos que la acusaban de ser líder de una asociación ilícita.
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Esta es la primera vez en la historia de la nación suramericana que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia. En el caso de Fernández de Kirchner, su entrada en prisión depende de la ratificación de instancias como la Corte Suprema, un proceso que puede tomar años. La política mantiene inmunidad hasta que concluya su mandato en diciembre próximo.
México
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En 2005, la Corte Suprema de México votó por juzgar al expresidente Luis Echeverría Álvarez por la matanza de estudiantes del Jueves de Corpus, en junio de 1971 , bajo un cargo de genocidio que no había prescrito.
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Echeverría Álvarez, que también fue acusado de uso excesivo de la fuerza y desaparición forzada, se convirtió en el primer exmandatario mexicano en ser juzgado por crímenes de violación de derechos humanos.
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El exmandatario también fue señalado como uno de los probables responsables -o al menos implicados- en la Masacre de Tlatelolco, en 1968, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
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Los cargos contra Echeverría Álvarez se retiraron en 2009 por «falta de pruebas» y en consideración a su avanzada edad en ese momento.
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El actual presidente Andrés Manuel López Obrador llevó en 2021 a consulta popular no vinculatoria la decisión de enjuiciar por distintos delitos a cinco expresidentes: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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Para analistas, muchos de los probables delitos que se le podían imputar a los exmandatarios habrían prescrito para todos menos para Peña Nieto, investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Colombia
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En 2020, el polémico expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue ordenado por la Corte Suprema a guardar arresto domiciliario, la primera vez en la historia del país en que un exmandatario fue privado de su libertad.
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Los cargos por los que investiga a Uribe están relacionados con supuesto fraudes y sobornos de testigos en un proceso en el que también fue acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
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Meses después, en octubre, Uribe fue puesto en libertad después de que renunciara a su puesto como senador y su caso fuera trasladado desde la Corte Suprema a la Fiscalía Nacional, que pidió desestimar todo el expediente, algo que todavía queda pendiente.
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El ‘caso Uribe’ levantó revuelo dentro y fuera de Colombia. Sus aliados, entre ellos el entonces mandatario, Iván Duque, habían solicitado la defensa en libertad, argumentando que su arresto domiciliario era injusto, comparando su caso con el de exlíderes de la exguerrilla de las FARC, que permanecieron libres durante sus procesos.
Perú
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Perú es el país donde más expresidentes han sido llevados a la justicia en América Latina en menos tiempo. En las tres últimas décadas siete exmandatarios han sido acusados de corrupción.
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Alberto Fujimori (1990-2000) fue acusado por crímenes de lesa humanidad y de recibir una gran cantidad de sobornos. Actualmente, con 82 años, purga una condena de 25 años.
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Alejandro Toledo (2001-2006) huyó a Estados Unidos cuando la justicia ordenó su prisión preventiva con motivo del ‘caso Odebrecht’. Actualmente está acusado de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos por supuestamente recibir 35 millones de dólares de parte de la constructora brasileña para la adjudicación de contratos.
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El caso de Alan García (2006-2011) tuvo un giro trágico cuando el expresidente, acusado de aceptar 24 millones de dólares de parte de Odebrecht, se suicidó en 2019, poco después de que la policía llegara a arrestarlo a su casa.
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El proceso contra Odebrecht también salpicó a Ollanta Humala (2011-2016) quien es investigado junto a su esposa, Nadine Heredia, por presuntos sobornos en forma de donativos a su campaña electoral que ascienden a los 3 millones de dólares.
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Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021), ministro de Economía y luego primer ministro de Toledo, habría estado implicado en los sobornos de Odebrecht en ese entonces. Días antes de su segunda moción de vacancia, renunció. Actualmente, se le investiga por lavado de activos y fue obligado a guardar prisión domiciliaria mientras avanza el proceso.
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Martín Vizcarra (2018-2020) sucedió a Kuczynski en la presidencia tras su renuncia. Disolvió el Congreso como parte de su lucha contra la corrupción, para ser destituido por el parlamento apenas dos años después, y acusado de recibir presuntos pagos de constructoras durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua.
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La sonada destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022) tras su intento de disolver el Congreso y establecer un «gobierno de excepción», ha sido criticada fuera del país y provocado una ola de violencia que ya se ha cobrado casi 70 muertos. A Castillo se le relaciona con varios casos de corrupción, colusión y tráfico de influencias en un proceso en marcha. Actualmente, permanece en prisión preventiva.
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Fuente: VOA