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En el Municipio capitalino se llevó a cabo la Asamblea de Quito Nro. 17, la primera de este periodo administrativo, en la que se resolvieron cuatro puntos: exigir al Gobierno Nacional que pague la deuda de USD 359 millones con la ciudad; la priorización de inversiones para el próximo 2024, y; el cálculo de ingresos de este 2023.
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Además, la Asamblea designó tres representantes ante el Consejo Metropolitano de Planificación: Diego Cataña, Nelly Jarrín y Darío Iza.
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Dentro de los presupuestos participativos se priorizarán obras de desarrollo comunitario y no vialidad, infraestructura, agua potable, alcantarillado, pues estos rubros deben ser cubiertos por las empresas metropolitanas. En el 2023 se ejecutan 527 obras por medio de presupuestos participativos.
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El presupuesto prorrogado del 2023 asciende a USD 819 millones, de los que el 36% ya fue comprometido, mientras que el 65% restante es un monto libre para hacer cambios.
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Algunos programas deben continuar como el caso de los presupuestos a las unidades educativas, comunicación, inclusión social, territorio, vivienda y comercio. Para el Metro Quito se requiere cancelar contratos por USD 145 millones, se aumentan USD 18 millones para operación y USD 6 millones en mantenimiento.
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El Alcalde Pabel Muñoz hizo una presentación de la visión de la ciudad referido a 5 ejes: seguridad, hábitat y convivencia ciudadana; trabajo, producción, emprendimiento e innovación; social; movilidad y Quito intercultural. Ahí se destacan la creación de utopías (Centros de desarrollo comunitario), regularización masiva de barrios, la décima administración zonal en el Chocó Andino; construcción del Complejo Ambiental para tratamiento de residuos, operación del metro y temas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.